El Premio Limón Agrio es para Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, porque envió al Congreso capitalino la iniciativa de la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. (SIC)
La Ley de Rentas Justas ,como todos la llaman, ya prendió focos rojos en el sector de vivienda en la CDMX porque puede generar problemas mayores a los que se buscan resolver que son: la gentrificación que ha generado elevados incrementos de rentas y servicios en algunas zonas; y la insuficiente oferta de vivienda media.
Entre las medidas que contempla esta ley están: la creación de una Defensoría de Relaciones Inquilinarias (SIC) para brindar asesoría legal gratuita a inquilinos y arrendatarios; el tope de incremento en las rentas que no podrá exceder la tasa de inflación del año anterior, y sólo se permitirán aumentos extraordinarios si la autoridad considera que sí se realizaron modificaciones a la vivienda que lo justifiquen; el registro obligatorio de todos los contratos de renta en un plazo máximo de 30 días después de la firma, en la Agencia Digital de Innovación Pública; multas a los dueños del inmueble hasta por 400 UMAS; y la integración de un Gabinete de Acompañamiento social ante desalojos. (SIC).
Entre los múltiples problemas está en primer lugar que el tope al incremento en la rentas, si bien no es un regreso a las rentas congeladas, puede traducirse en un aumento en los las rentas sin contrato; deterioro de las viviendas porque no hay incentivos para invertir en su mantenimiento; y reducir aún más la oferta de vivienda en renta porque hay muchos gastos en los incurren los arrendatarios como es el de los seguros para daños, que se incrementan más que la inflación.
Además si desalojar a inquilinos que no pagan es ya un proceso muy largo, será aún más difícil por la creación del Gabinete de acompañamiento social ante desalojos.
